Destaca que es necesaria la aplicación flexible de la normativa de los trabajadores desplazados y propone estudiar parámetros adicionales a los propuestos por la Comisión. Anuncia que España y Portugal están preparando una decisión de ejecución para el tramo transfronterizo y que supondrá un compromiso aún mayor en el desarrollo de la conexión de ambos territorios.
Defiende que en la nueva financiación comunitaria España esté bien posicionada para poder afrontar la culminación de la red básica de transportes en 2030. La previsión financiera de España para finalizar su red básica en 2030 es de 50.000 M€, el 10% de total de la UE.