El Tribunal de Cuentas destima la demanda de Puertos del Estado con Luis Ibarra y José Miguel Pintado

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LlorcaIbarra

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El empeño del expresidente José Llorca por empañar la trayectoria profesional y política del expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas con la puesta en marcha del procedimiento sobre el cobro de pluses por el personal directivo de Puertos de Las Palmas termina una desestimación y condena en costas a Puertos del Estado

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El Tribunal de Cuentas emitía ayer la sentencia, dando la razón a las tesis mantenidas por el expresidente de La Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y a José Miguel Pintado, exdirector del citado organismo en el procedimiento del cobro de pluses del personal directivo, que la Abogacía del Estado a instancias de Puertos del Estado se había empeñado en darle continuidad, a pesar de un informe negativo del propio organismo público portuario estatal.


El fallo de la sentencia emitida por la Consejera de Cuentas del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante y Mirón en el procedimiento de "Reintegro por Alcance desestima "íntegramente la demanda interpuesta por el Abogado del Estado, en nombre del Organismo Puertos del Estado, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal, contra don Luis Ibarra Betancor y don José Miguel Pintado Joga. Se condena al Organismo Público Puertos del Estado al pago de las costas procesales".


En una extensa sentencia de 19 páginas, la magistrada del Tribunal de Cuentas desmonta todas las tesis. La Consejera a Magistrada da por probado que desde el año 1996 la Autoridad Portuaria de Las Palmas venía abonando al personal laboral fuera de convenio una indemnización por residencia por importe del 15% de las retribuciones básicas.


Igualmente da por probado que Puertos del Estado emitió en 2009 un informe solicitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas avalando la procedencia de continuar pagando el complemento de residencia del 15%. Y ratificado en 2010 en un documento remitido por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que anexaba instrucciones de la CECIR sobre la aplicación del Real Decreto 8/2010, en el que también se indicaba que la minoración del 5% "no afectará a los gastos de acción social ni a la indemninación por residencia".


Por otro parte, en junio de 2016 el tribunal laboral, a demanda de los trabajadores, por la reducción de su indemnización por residencia ejecutada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a instancias de Puertos del Estado, reconoce el derecho de los trabajadores demandantes a seguir percibiendo el plus de residencia en las mismas condiciones en las que lo venía haciendo.


En este punto la Consejera determina que "existe una sentencia laboral firme ordenando a la Autoridad Portuaria de Las Palmas el pago del complementos en unos determinados términos, siendo indiscutible que dicha sentencia ha de ser cumplida por la entidad". Y detalla también que "hay un informe solicitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a su organismo de control, ahora demandante, en el que se argumenta que jurídicamente, frente al criterio de la Intervención, la procedencia del pago del complemento de residencia en las cuantías en que venía siendo abonado, sin que haya en autos dato alguno que invite a pensar que el informe de Puertos del Estado fuer una mera triquiñuela jurídca para, en complicidad con los entonces gestores de la Autoridad Portuaria, favorecer que ésta realizase unos pagos que se sabían ilegales".


Cabe concluir, dice la magistrada, "que la ilegalidad, si existe, del pago del complemento en las cuantías cuestionadas, no era manifiesta, patente e inequívoca cuando en 2011 los demandados se situaron al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas", añadiendo Mariscal de Gante que "ni siquiera se puede considerar que lo sea ahora, como se ha puesto de manifiesto ante los recientes acuerdos del Consejo de Administración dictados para cumplir las recomendaciones del informe de la intervención sobre el ejercicio 2013.


Por último, relata la sentencia, "respecto al pago de las costas procesales procede su imposición a la entidad demandante, al  haber sido íntegramente desestimadas sus pretensiones sin que se aprecie que el asunto presentaba serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no imposición de las costas".


Por todo ello, concluye la sentencia eximiendo de las responsabilidades contables y del reintegro de las citadas cantidades que superaban los cien mil euros como responsables directos y solidarios de los perjuicios causados a los fondos públicos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que le reclamaba Puertos del Estado a Luis Ibarra.


Luis Ibarra, en declaraciones a este medio, ha mostrado su "enorme satisfacción por la sentencia, ya que ha sido un quebrando de cabeza en los últimos dos años. La sentencia es muy reveladora porque describe perfectamente la situación en la que nos encontrábamos. Hasta la propia Consejera no entiende que pueda ser negligente. Condena a costas a los demandantes, que en el fondo es como ver algo de mala fe en la propia demanda".


Simplemente, manifestaba Luis Ibarra a CanaryPorts, "reiterar que en estos casi siete años al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas he tenido a José Llorca como enemigo, y creo que simplemente fue por mandar a la fiscalía el expediente de La Esfinge. Esto ha supuesto que siempre que llevábamos algún tema a Puertos del Estado sufría un retraso de meses sin venir a cuento; o por nombrar algún otro asunto, conminar a la Fundación Puertos de Las Palmas a privatizarse, siendo la única que quiso que desapareciera de las existentes en España; o mucho más importante, el tema de la independencia del Puerto de Arrecife, que a sabiendas de que era inviable, como así se ha demostrado, lo utilizó de manera reiterada para desprestigiarme y perjudicar al Puerto de Las Palmas, porque entendía que así me perjudicaba a mi".  Finalmente quiso aclarar Ibarra que "solamente espero que pague las costas este señor, y que no seamos todos los españoles los que paguemos estas cosas"


1 Comentarios

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Hay que aclarar que parece que no se entra en la cuestión de la "desobediencia" o deslealtades institucionales y dice que fueron "discrepancias de criterios entre el controlador que es Puerto del Estado y el gestor que es la APLP y encima la parte en discrepancia ya fue anulada por Ibarra a regañadientes y Cardona ha dicho que seguirá así porque tiene difícil encaje jurídico y presupuestario... entonces en qué quedamos.. quién ha tenido la razón!!!????

escrito por juancho 27/jul/18    14:43

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