​Podemos Canarias defiende que las aguas canarias sean de Estado Archipielágico

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Podemoscanarias_____

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha conseguido el respaldo unánime de la Cámara regional a su iniciativa para que se inicie “el procedimiento necesario para la convocatoria de una nueva Convención sectorial sobre el Derecho del Mar” con el fin de que el espacio marítimo de las Islas “sea internacionalmente equiparado al de un Estado Archipielágico”.

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La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha defendido la propuesta ante la sonada ausencia de los miembros del Gobierno canario en los bancos azules, insistiendo en que la iniciativa de la formación morada “establece una hoja de ruta para que el reconocimiento de las aguas canarias que se hace en el Estatuto de Autonomía no quede en un brindis al sol”.


“La iniciativa que traemos aquí no busca más que empezar la casa por los cimientos, agotando los mecanismos que ahora mismo nos permite el Derecho Internacional para intentar crear un espacio marítimo interior o interinsular en Canarias, con fundamento jurídico, sin categorías vacías, y que dichas aguas tengan un nivel protección a la altura de la relevancia ecológica, científica y socioeconómica de nuestro mar”, ha defendido Santana.


Vacío de contenido jurídico

La portavoz del grupo morado explicó en sede parlamentaria que la regulación de las aguas canarias recogida en el Estatuto, “si bien tiene valor político, es un concepto vacío de contenido”, en la medida que “carece de fundamento jurídico tanto en la legislación internacional como en el ordenamiento jurídico español”, limitación que se reconoce en la propia máxima Ley del Archipiélago.


Para Santana, el origen de problemas tales como la existencia de pasillos de alta mar entre las islas de Tenerife y Gran Canaria o entre El Hierro, La Gomera y La Palma o los solapamientos con otras zonas económicas exclusivas de regiones de Estados vecinos, se encuentra en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.


“Y es en el Derecho Internacional en donde debe encontrarse también una solución”, afirmó.


Por ello, y con el objetivo de dar “una respuesta legal y fundamentada en el Derecho Internacional a la legítima aspiración de que las aguas que nos rodean sean efectivamente aguas canarias”, Santana expuso también la necesidad de amplia la actual zona marina especialmente sensible de Canarias.


Implicación de la UE

Una hoja de ruta que busca también implicar a la UE, motivo por el que Santana ha tenido el apoyo de todo el arco parlamentario para que la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) plantee la cuestión de la delimitación y protección de los espacios marítimos de dichas regiones que, en su mayoría, se trata de islas o archipiélagos, buscando el apoyo de los Estados de los que forman parte e, incluso, del Comité Europeo de las Regiones para alcanzar una resolución consensuada al respecto.


La iniciativa también incluye instar al Gobierno de Canarias y al Ejecutivo de España a iniciar negociaciones con Portugal y Marruecos a efectos de la determinación de la zona económica exclusiva de Canarias con Madeira, las islas Salvajes y la costa occidental de Marruecos.


En lo relativo a la costa del Sáhara Occidental, el Parlamento asume que “se estará a lo que resulte de los acuerdos en el seno de la Organización de Naciones Unidas conforme a sus propias resoluciones” y, en particular, las relativas al establecimiento de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y la prórroga del mandato de dicha Misión.


Por último, “una vez que la delimitación de los espacios marítimos de los archipiélagos que forman parte de Estados sea internacionalmente equiparada a la de los Estados archipielágicos”, el Gobierno de España deberá recurrir ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia, “para la delimitación de los espacios marítimos de Canarias”.

​Podemos Canarias defiende que las aguas canarias sean de Estado Archipielágico

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El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha conseguido el respaldo unánime de la Cámara regional a su iniciativa para que se inicie “el procedimiento necesario para la convocatoria de una nueva Convención sectorial sobre el Derecho del Mar” con el fin de que el espacio marítimo de las Islas “sea internacionalmente equiparado al de un Estado Archipielágico”.

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La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha defendido la propuesta ante la sonada ausencia de los miembros del Gobierno canario en los bancos azules, insistiendo en que la iniciativa de la formación morada “establece una hoja de ruta para que el reconocimiento de las aguas canarias que se hace en el Estatuto de Autonomía no quede en un brindis al sol”.


“La iniciativa que traemos aquí no busca más que empezar la casa por los cimientos, agotando los mecanismos que ahora mismo nos permite el Derecho Internacional para intentar crear un espacio marítimo interior o interinsular en Canarias, con fundamento jurídico, sin categorías vacías, y que dichas aguas tengan un nivel protección a la altura de la relevancia ecológica, científica y socioeconómica de nuestro mar”, ha defendido Santana.


Vacío de contenido jurídico

La portavoz del grupo morado explicó en sede parlamentaria que la regulación de las aguas canarias recogida en el Estatuto, “si bien tiene valor político, es un concepto vacío de contenido”, en la medida que “carece de fundamento jurídico tanto en la legislación internacional como en el ordenamiento jurídico español”, limitación que se reconoce en la propia máxima Ley del Archipiélago.


Para Santana, el origen de problemas tales como la existencia de pasillos de alta mar entre las islas de Tenerife y Gran Canaria o entre El Hierro, La Gomera y La Palma o los solapamientos con otras zonas económicas exclusivas de regiones de Estados vecinos, se encuentra en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.


“Y es en el Derecho Internacional en donde debe encontrarse también una solución”, afirmó.


Por ello, y con el objetivo de dar “una respuesta legal y fundamentada en el Derecho Internacional a la legítima aspiración de que las aguas que nos rodean sean efectivamente aguas canarias”, Santana expuso también la necesidad de amplia la actual zona marina especialmente sensible de Canarias.


Implicación de la UE

Una hoja de ruta que busca también implicar a la UE, motivo por el que Santana ha tenido el apoyo de todo el arco parlamentario para que la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) plantee la cuestión de la delimitación y protección de los espacios marítimos de dichas regiones que, en su mayoría, se trata de islas o archipiélagos, buscando el apoyo de los Estados de los que forman parte e, incluso, del Comité Europeo de las Regiones para alcanzar una resolución consensuada al respecto.


La iniciativa también incluye instar al Gobierno de Canarias y al Ejecutivo de España a iniciar negociaciones con Portugal y Marruecos a efectos de la determinación de la zona económica exclusiva de Canarias con Madeira, las islas Salvajes y la costa occidental de Marruecos.


En lo relativo a la costa del Sáhara Occidental, el Parlamento asume que “se estará a lo que resulte de los acuerdos en el seno de la Organización de Naciones Unidas conforme a sus propias resoluciones” y, en particular, las relativas al establecimiento de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y la prórroga del mandato de dicha Misión.


Por último, “una vez que la delimitación de los espacios marítimos de los archipiélagos que forman parte de Estados sea internacionalmente equiparada a la de los Estados archipielágicos”, el Gobierno de España deberá recurrir ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia, “para la delimitación de los espacios marítimos de Canarias”.

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