PortCastelló aprueba sus cuentas anuales de 2018 que lo sitúan como el tercer puerto más rentable del país

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PortCastellu00f3   Consejo de Administraciou0301n jun19 (2)

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La Autoridad Portuaria de Castellón aprueba un procedimiento sancionador con 92 tipos de infracciones con importes entre 100 y 500 euros.

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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón, reunido en su sesión de este viernes, ha aprobado las cuentas anuales de 2018, con un importe neto de la cifra de negocio de 31.334.907 euros, lo que supone un incremento de ingresos del 9% respecto al año anterior, a pesar de la rebaja de tasas. Los gastos de explotación han ascendido a 10.955.641 euros, lo que supone un incremento del 8% respecto 2017.


Como consecuencia de que los ingresos han aumentado en 2.600.189 euros mientras que los gastos de explotación han aumentado en menor medida, en 807.105,35 euros, el resultado de explotación mejora en un 10,7%, ascendiendo a 13.896.904 euros.


El resultado financiero ha sido de -3.017.396 euros, lo que mejora un 0,1% respecto a 2017. El resultado del ejercicio, suma de los resultados de explotación y financiero, ha superado por primera vez los diez millones de euros, ascendiendo a 10.879.508 euros, lo que supone un 14,1% más que el año anterior.


Otras tres magnitudes derivadas de las cuentas anuales y que constatan la solidez económica de la Autoridad Portuaria son un EBITDA de 19.590.651 euros, un cash-flow de 17.977.732 euros y un fondo de maniobra de 44.038.000 euros, un 55% mayor que en 2017.


El resultado del ejercicio de 2018 sitúa al puerto de Castellón como el tercero más rentable del país y como el primero en resultados de explotación respecto a ingresos, en lo que es una medida de le eficiencia de gestión.


El consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón en su sesión de ayer ha tomado además el acuerdo de aprobar el procedimiento sancionador aplicable en la zona de servicio del puerto de Castellón. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves en los siguientes ámbitos: uso del puerto y sus instalaciones; actividades sujetas a previa autorización, concesión o prestadas mediante licencia; seguridad marítima; ordenación del tráfico marítimo; contaminación del medio marino; prestación de servicios portuarios y abandono de vehículos. Se han tipificado un total de 92 conductas sancionables en los distintos ámbitos con sanciones por importes que van desde los 100 hasta los 500 euros. En 19 casos de los identificados el importe de la sanción se fijará atendiendo a la proporcionalidad de las consecuencias que la infracción tenga sobre la Autoridad Portuaria o sobre terceros.


A las sanciones se les aplicará una reducción del 40% de su importe siempre que se abone en periodo voluntario y se desista o renuncie a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. La reincidencia en la comisión de infracciones comportará un incremento del importe de la sanción del 20% en la primera reincidencia, del 30% en la segunda y del 50% en la tercera o posteriores.


De la misma manera, el consejo ha acordado aprobar el pliego de condiciones particulares para la prestación de servicio comercial de consignación de buques en el puerto de Castellón en desarrollo del artículo 9 del Real Decreto 131/2019, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la obligación de consignación de buques. En el pliego aprobado se define la figura, funciones, obligaciones  y responsabilidades del agente consignatario de buques; se definen los requisitos de acceso, causas de extinción y el proceso de resolución de las solicitudes; se establece un plazo de vigencia las autorizaciones de 5 años; se exige una garantía a depositar de 30.000€ y una cobertura de riesgos y responsabilidades de 300.000€.


Estas normas entrarán en vigor una vez hayan sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado y las empresas que actualmente prestan el servicio de consignación dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones establecidas en el pliego de condiciones aprobado.

PortCastelló aprueba sus cuentas anuales de 2018 que lo sitúan como el tercer puerto más rentable del país

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PortCastellu00f3   Consejo de Administraciou0301n jun19 (2)

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La Autoridad Portuaria de Castellón aprueba un procedimiento sancionador con 92 tipos de infracciones con importes entre 100 y 500 euros.

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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón, reunido en su sesión de este viernes, ha aprobado las cuentas anuales de 2018, con un importe neto de la cifra de negocio de 31.334.907 euros, lo que supone un incremento de ingresos del 9% respecto al año anterior, a pesar de la rebaja de tasas. Los gastos de explotación han ascendido a 10.955.641 euros, lo que supone un incremento del 8% respecto 2017.


Como consecuencia de que los ingresos han aumentado en 2.600.189 euros mientras que los gastos de explotación han aumentado en menor medida, en 807.105,35 euros, el resultado de explotación mejora en un 10,7%, ascendiendo a 13.896.904 euros.


El resultado financiero ha sido de -3.017.396 euros, lo que mejora un 0,1% respecto a 2017. El resultado del ejercicio, suma de los resultados de explotación y financiero, ha superado por primera vez los diez millones de euros, ascendiendo a 10.879.508 euros, lo que supone un 14,1% más que el año anterior.


Otras tres magnitudes derivadas de las cuentas anuales y que constatan la solidez económica de la Autoridad Portuaria son un EBITDA de 19.590.651 euros, un cash-flow de 17.977.732 euros y un fondo de maniobra de 44.038.000 euros, un 55% mayor que en 2017.


El resultado del ejercicio de 2018 sitúa al puerto de Castellón como el tercero más rentable del país y como el primero en resultados de explotación respecto a ingresos, en lo que es una medida de le eficiencia de gestión.


El consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón en su sesión de ayer ha tomado además el acuerdo de aprobar el procedimiento sancionador aplicable en la zona de servicio del puerto de Castellón. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves en los siguientes ámbitos: uso del puerto y sus instalaciones; actividades sujetas a previa autorización, concesión o prestadas mediante licencia; seguridad marítima; ordenación del tráfico marítimo; contaminación del medio marino; prestación de servicios portuarios y abandono de vehículos. Se han tipificado un total de 92 conductas sancionables en los distintos ámbitos con sanciones por importes que van desde los 100 hasta los 500 euros. En 19 casos de los identificados el importe de la sanción se fijará atendiendo a la proporcionalidad de las consecuencias que la infracción tenga sobre la Autoridad Portuaria o sobre terceros.


A las sanciones se les aplicará una reducción del 40% de su importe siempre que se abone en periodo voluntario y se desista o renuncie a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. La reincidencia en la comisión de infracciones comportará un incremento del importe de la sanción del 20% en la primera reincidencia, del 30% en la segunda y del 50% en la tercera o posteriores.


De la misma manera, el consejo ha acordado aprobar el pliego de condiciones particulares para la prestación de servicio comercial de consignación de buques en el puerto de Castellón en desarrollo del artículo 9 del Real Decreto 131/2019, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la obligación de consignación de buques. En el pliego aprobado se define la figura, funciones, obligaciones  y responsabilidades del agente consignatario de buques; se definen los requisitos de acceso, causas de extinción y el proceso de resolución de las solicitudes; se establece un plazo de vigencia las autorizaciones de 5 años; se exige una garantía a depositar de 30.000€ y una cobertura de riesgos y responsabilidades de 300.000€.


Estas normas entrarán en vigor una vez hayan sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado y las empresas que actualmente prestan el servicio de consignación dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones establecidas en el pliego de condiciones aprobado.

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Por Sergio Galván

Gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas 

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