Desestimado el recurso de la empresa Vareser 96 contra el concurso para la gestión de residuos en Tenerife

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Vista Complejo Ambiental Tenerife Arico EDIIMA20170803 0601 69

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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias publica la resolución que inadmite esa reclamación formal y por ello la licitación sigue adelante tras salvar su segundo gran escollo.

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(TenerifeAhora) La empresa Acciona no pudo paralizar ni modificar el concurso público para la gestión insular de residuos convocado por el Cabildo de Tenerife y ahora tampoco lo ha conseguido, en el que es un segundo intento, la firma Vareser 96, SL, a la que el mismo organismo oficial, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, adscrito a la Consejería de Hacienda, ha desestimado un recurso contra el citado proceso de licitación, el más importante de la Corporación insular, y de Tenerife, por el desembolso que supone de dinero público, hasta un máximo de 716 millones de euros en 15 años.


Con fecha de 25 de noviembre de 2019 y con publicación en la misma tarde de hoy, martes 26 de noviembre, en la plataforma de contratos públicos del Estado, el citado Tribunal Administrativo ha resuelto inadmitir “el recurso especial en materia de contratación interpuesto” por un representante legal de Vareser 96, SL (una de las varias sociedades que aspiran a hacerse con esos servicios licitados por el Cabildo), contra el concurso para la adjudicación del servicio de gestión de residuos en la isla de Tenerife, que depende del Cabildo.


Tras la decisión adoptada este lunes por el Tribunal Administrativo, comunicada un día después y sobre la que ya solo cabe recurso contencioso-administrativo, o sea, la vía judicial, ese proceso de licitación del Cabildo sigue adelante tras salir bien parado de dos reclamaciones de empresas aspirantes a la adjudicación final: la ahora reseñada y algo antes, en un proceso de examen mucho más largo, de meses, la multinacional Acciona.


Con casi cuatro años de retraso

El Cabildo de Tenerife sacó a concurso público el 24 de abril de este año el contrato para la gestión insular e integrada de los residuos insulares. El proceso se activó a un mes de las elecciones del 26 de mayo pasado y ello se produjo con más de tres años de retraso respecto a la caducidad del anterior contrato, prorrogado en todo ese tiempo y que aún sigue en manos de Vertresa-Urbaser.


El presupuesto base de licitación es de 461 millones de euros para un periodo de servicio de 15 años, lo que representa un pago medio anual de 31 millones.


Tal y como se puede observar en la información que facilita la web oficial sobre contrataciones públicas del Estado, el proceso de licitación, aprobado por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, se lanzó el miércoles 24 de abril y entonces se definió un plazo para la presentación de ofertas hasta el 22 de julio de 2019, fecha prorrogada en varias ocasiones por el efecto de los dos recursos presentados ante el Tribunal Administrativo.


Ese concurso público es uno de los más importantes del Cabildo de Tenerife y supone un desembolso de más de 30 millones por ejercicio anual. La contratación es en la actualidad de la empresa Vertresa-Urbaser, tras más de un trienio de prórroga, pues el concurso anterior tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 (con un periodo de aplicación de 30 años; ahora este se reduce a la mitad, hasta 15).


Los principales servicios que define esa licitación son la gestión del complejo ambiental de Arico, el centro principal de tratamiento, reciclado y depósito de los residuos generados en la isla; las plantas de tratamiento y transferencia de los desechos generados, y el transporte de estos y su eliminación, reciclado y depósito, en este último caso en celdas de vertido.


El nuevo contrato tendrá una vigencia de 15 años y fija una batería de inversiones a escala insular y por comarcas para el adjudicatario, que, de hacerlas según lo previsto en el pliego del concurso, elevaría el presupuesto global del contrato hasta los 716 millones de euros. El precio base de licitación es de 461 millones de euros y el total máximo de 716. La diferencia, 255 millones, es la parte destinada a inversión en infraestructura para la gestión de los residuos.

Desestimado el recurso de la empresa Vareser 96 contra el concurso para la gestión de residuos en Tenerife

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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias publica la resolución que inadmite esa reclamación formal y por ello la licitación sigue adelante tras salvar su segundo gran escollo.

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(TenerifeAhora) La empresa Acciona no pudo paralizar ni modificar el concurso público para la gestión insular de residuos convocado por el Cabildo de Tenerife y ahora tampoco lo ha conseguido, en el que es un segundo intento, la firma Vareser 96, SL, a la que el mismo organismo oficial, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, adscrito a la Consejería de Hacienda, ha desestimado un recurso contra el citado proceso de licitación, el más importante de la Corporación insular, y de Tenerife, por el desembolso que supone de dinero público, hasta un máximo de 716 millones de euros en 15 años.


Con fecha de 25 de noviembre de 2019 y con publicación en la misma tarde de hoy, martes 26 de noviembre, en la plataforma de contratos públicos del Estado, el citado Tribunal Administrativo ha resuelto inadmitir “el recurso especial en materia de contratación interpuesto” por un representante legal de Vareser 96, SL (una de las varias sociedades que aspiran a hacerse con esos servicios licitados por el Cabildo), contra el concurso para la adjudicación del servicio de gestión de residuos en la isla de Tenerife, que depende del Cabildo.


Tras la decisión adoptada este lunes por el Tribunal Administrativo, comunicada un día después y sobre la que ya solo cabe recurso contencioso-administrativo, o sea, la vía judicial, ese proceso de licitación del Cabildo sigue adelante tras salir bien parado de dos reclamaciones de empresas aspirantes a la adjudicación final: la ahora reseñada y algo antes, en un proceso de examen mucho más largo, de meses, la multinacional Acciona.


Con casi cuatro años de retraso

El Cabildo de Tenerife sacó a concurso público el 24 de abril de este año el contrato para la gestión insular e integrada de los residuos insulares. El proceso se activó a un mes de las elecciones del 26 de mayo pasado y ello se produjo con más de tres años de retraso respecto a la caducidad del anterior contrato, prorrogado en todo ese tiempo y que aún sigue en manos de Vertresa-Urbaser.


El presupuesto base de licitación es de 461 millones de euros para un periodo de servicio de 15 años, lo que representa un pago medio anual de 31 millones.


Tal y como se puede observar en la información que facilita la web oficial sobre contrataciones públicas del Estado, el proceso de licitación, aprobado por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, se lanzó el miércoles 24 de abril y entonces se definió un plazo para la presentación de ofertas hasta el 22 de julio de 2019, fecha prorrogada en varias ocasiones por el efecto de los dos recursos presentados ante el Tribunal Administrativo.


Ese concurso público es uno de los más importantes del Cabildo de Tenerife y supone un desembolso de más de 30 millones por ejercicio anual. La contratación es en la actualidad de la empresa Vertresa-Urbaser, tras más de un trienio de prórroga, pues el concurso anterior tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 (con un periodo de aplicación de 30 años; ahora este se reduce a la mitad, hasta 15).


Los principales servicios que define esa licitación son la gestión del complejo ambiental de Arico, el centro principal de tratamiento, reciclado y depósito de los residuos generados en la isla; las plantas de tratamiento y transferencia de los desechos generados, y el transporte de estos y su eliminación, reciclado y depósito, en este último caso en celdas de vertido.


El nuevo contrato tendrá una vigencia de 15 años y fija una batería de inversiones a escala insular y por comarcas para el adjudicatario, que, de hacerlas según lo previsto en el pliego del concurso, elevaría el presupuesto global del contrato hasta los 716 millones de euros. El precio base de licitación es de 461 millones de euros y el total máximo de 716. La diferencia, 255 millones, es la parte destinada a inversión en infraestructura para la gestión de los residuos.

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