A remolque

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AntonioRB

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A nadie se le escapaba que Boluda iba a actuar de oficio contra una situación que aparentemente parecía llena de arbitrariedades.

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Todos los medios se han hecho eco en estos días de la querella presentada por una de las empresas del Grupo Boluda, admitida a trámite, contra el expresidente de Puertos del Estado, José Llorca, y algunos directivos de su equipo, además de algunos directivos de Puertos de Las Palmas, relacionados con ese nefasto expediente, la concesión del una segunda licencia del servicio de remolque en el Puerto de Las Palmas.


Como ya publicamos en su día, en un artículo llamado el lío de los papeles traspapelados del remolque en Las Palmas, la historia viene de atrás.


Y es que la existencia de un informe vinculante de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, establece, desde 2014, un mínimo de 6 remolcadores para acceder a una licencia de remolque en el Puerto de Las Palmas, algo que no cumple la concedida por el ente portuario a Fairplay, cuya obligación se fijó en 4.


Lo mejor de todo es que el informe lo solicitó el mísmisimo Puertos del Estado, para meterlo en un cajón bajo llave durante mucho tiempo. En él se recogen, entre otros aspectos, las condiciones en cuanto al número de remolcadores que deben contemplarse para el servicio portuario de remolque en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es decir, Las Palmas, Salinetas y Arinaga en Gran Canaria, y Arrecife en Lanzarote y Puerto del Rosario en Fuerteventura. En él se establece claramente ¡en 2014! la necesidad que el Puerto de Las Palmas cuente con 6 remolcadores, el Puerto de Arrecife con 1 remolcador y el Puerto de Puerto del Rosario con 1 remolcador.


Y qué decir de licencias condicionadas, o las consultas a Puertos del Estado de cómo saltarse a la torera las normas, o perdonar avales minorando los ingresos de las arcas públicas a favor de terceros.


Una querella criminal no es para tomársela a broma, además de que supone una batalla cuerpo a cuerpo contra un gigante como Boluda con los recursos de que cada uno disponga, sin que tu institución te defienda ni financie tu defensa. Boluda, además, cuenta con un expediente que según los conocedores del asunto está más que documentado, y con un monstruo de la abogacía al frente de su querella.


Poco más que decir salvo que podemos entender la postura adoptada por Boluda para depurar responsabilidades sobre quién hizo u ordenó hacer caso omiso sobre este informe u ocultarlo, en Puertos del Estado y en Puertos de Las Palmas; además de otras tantas irregularidades que desde su punto de vista plagan este expediente de la concesión de la segunda licencia de remolque.


Y mientras esto sucede, todo el mundo se pregunta dónde estará el recurso que iba a presentar Asocelpa contra el pliego del remolque de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobado en abril y publicado en el BOE en mayo, y que ocasionó la ruptura de esa organización. Suponemos que a estas alturas y con estos mimbres se habrá diluido en el cajón de las malas ideas.

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Como ya publicamos en su día, en un artículo llamado el lío de los papeles traspapelados del remolque en Las Palmas, la historia viene de atrás.


Y es que la existencia de un informe vinculante de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, establece, desde 2014, un mínimo de 6 remolcadores para acceder a una licencia de remolque en el Puerto de Las Palmas, algo que no cumple la concedida por el ente portuario a Fairplay, cuya obligación se fijó en 4.


Lo mejor de todo es que el informe lo solicitó el mísmisimo Puertos del Estado, para meterlo en un cajón bajo llave durante mucho tiempo. En él se recogen, entre otros aspectos, las condiciones en cuanto al número de remolcadores que deben contemplarse para el servicio portuario de remolque en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es decir, Las Palmas, Salinetas y Arinaga en Gran Canaria, y Arrecife en Lanzarote y Puerto del Rosario en Fuerteventura. En él se establece claramente ¡en 2014! la necesidad que el Puerto de Las Palmas cuente con 6 remolcadores, el Puerto de Arrecife con 1 remolcador y el Puerto de Puerto del Rosario con 1 remolcador.


Y qué decir de licencias condicionadas, o las consultas a Puertos del Estado de cómo saltarse a la torera las normas, o perdonar avales minorando los ingresos de las arcas públicas a favor de terceros.


Una querella criminal no es para tomársela a broma, además de que supone una batalla cuerpo a cuerpo contra un gigante como Boluda con los recursos de que cada uno disponga, sin que tu institución te defienda ni financie tu defensa. Boluda, además, cuenta con un expediente que según los conocedores del asunto está más que documentado, y con un monstruo de la abogacía al frente de su querella.


Poco más que decir salvo que podemos entender la postura adoptada por Boluda para depurar responsabilidades sobre quién hizo u ordenó hacer caso omiso sobre este informe u ocultarlo, en Puertos del Estado y en Puertos de Las Palmas; además de otras tantas irregularidades que desde su punto de vista plagan este expediente de la concesión de la segunda licencia de remolque.


Y mientras esto sucede, todo el mundo se pregunta dónde estará el recurso que iba a presentar Asocelpa contra el pliego del remolque de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobado en abril y publicado en el BOE en mayo, y que ocasionó la ruptura de esa organización. Suponemos que a estas alturas y con estos mimbres se habrá diluido en el cajón de las malas ideas.

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