Piden que el Puerto de Santa Cruz de La Palma sea declarado Zona Franca

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La Zona Franca es viable para La Palma y dotará a la Isla de una herramienta estratégica para diversificar la economía insular y convertirse en un revulsivo a la hora de generar desarrollo económico y empleo. Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó en la mesa de trabajo convocada por la Delegación de la Cámara de Comercio en el Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Palma y a la que asistieron el presidente de la institución cameral en la isla, Mauro Fernández Felipe, el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior y José Rafael Díaz, y el responsable de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega.


A la reunión también asistieron el presidente y vicepresidente del Cabildo Insular de La Palma, así como el consejero de Infraestructuras, Anselmo Pestana, José Luis Perestelo y Jorge González, los alcaldes y tenientes alcaldes de los Ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y Breña Alta, la secretaria técnica de la Administración General del Estado en La Palma, Guadalupe Arias, el senador palmero, Mariano Hernández, el delegado en La Palma de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Josep Bonfils, y el presidente de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), Tomás Barreto.


Durante el transcurso de la misma se analizó la viabilidad de declarar el puerto de la capital palmera como Zona Franca y las exigencias que ello plantea. Entre ellas, la existencia de un recinto aduanero habilitado específicamente para tal fin y que debería preferiblemente estar próximo al puerto o en contacto directo con el mar, permanecer bajo el amparo de un consorcio de Zona Franca, en este caso un criterio cuyo cumplimiento dependería de la ampliación del ámbito de actuación de la de Tenerife, cuya presidencia ostenta actualmente la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la declaración por parte de Aduana de la existencia de un tráfico real con terceros países que constate la vocación internacional del puerto.


Tres requisitos que, si bien plantean un esfuerzo de cooperación institucional y logístico, además de planeamiento y acuerdos territoriales, parecen inicialmente factibles de alcanzar si se dan los pasos oportunos. Ello permitiría que La Palma comenzara a disfrutar de los privilegios que ello ofrece, fundamentalmente a inversores extranjeros ya que garantiza la exención total de aranceles e impuestos directos e indirectos y deja a la mercancía suspendida de cargas tributarias, al menos durante su permanencia en este espacio. Mercancías que podrán ser almacenadas, envasadas, etiquetadas e incluso transformadas.


Mauro Fernández apostó por recuperar la historia natural del puerto de Santa Cruz de La Palma que antaño gozó de un volumen de tráfico y de gran prestigio nivel regional e internacional y que hoy por hoy, está en disposición de contar con las ventajas añadidas que el ser Zona Franca le puede otorgar.


Ventajas a las que, además, se sumarían el hecho de que la Zona Franca es compatible con otros atractivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal o la Zona Especial Canaria y que convierte a La Palma en un puente fiscal, tributario y arancelario de primer nivel capaz de ofrecer a los inversores extranjeros la posibilidad de operar en este espacio abaratando costes de producción y gozando de una flexibilidad arancelaria prácticamente única en toda Europa. 

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