El debate del Real Decreto de la estiba se pospone una semana

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VioletaBulcigodelaSerna


Hoy, en la Junta de portavoces del Congreso se confirmará este aplazamiento, que lo trasladará hasta el día 16 de marzo, dando así un margen para acercar posturas entre estibadores y patronal, y también a los grupos y partidos políticos para abortar el rechazo manifestado por todos ellos.


Este aplazamiento no es ni mucho menos garantía de éxito. Mañana, en una nueva reunión de la mesa de negociación entre la representación sindical de los estibadores y la patronal Anesco se volverá a escenificar la ausencia de acuerdos, mientras suceda que “las empresas están pendientes del texto del RDL para exponer su posición, para pronunciarse sobre si subrogarán o no a las plantillas, según el nivel de protección que la Ley les ofrezca”, explica Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios, “así hasta que no se vea si se lleva o no el texto al Congreso, si se convalida o no y las características de la mesa de negociación que se abra, si no se lleva a la Cámara Baja o si esta no lo convalida, no hay forma de que las reuniones que estamos manteniendo arrojen algún resultado fructífero".


Por su parte, hoy a las 13:30 comparecerá la Comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc en la sesión conjuna de la Comisiones mixta para la Unión Europea y de Fomento, donde explicará la posición de la Comisión en este asunto, aunque ya ha anticipado en una carta remitida al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, su apoyo a la postura del Gobierno español y a "no modificar la esencia del texto" del Real Decreto.


Algunas voces cuestionan la intromisión de la Comisaria a asuntos de competencia española exclusivamente. Esta intromisión complica aún más la postura de las partes.


En todo caso, parece claro que de no llevar a cabo la aprobación de la modificación del modelo de la estiba español, como muy tarde el próximo 24 de marzo, la multa de 21,5 millones de euros que lleva acumulada España por este asunto, se podría ver incrementada con 134 mil euros diarios si no se aprueba la modificación legal que reclama desde 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

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