El Gobierno español accede a estudiar el traslado de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

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Arsenal


La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido este miércoles a crear una comisión que estudie una nueva ubicación de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria para que sus terrenos puedan ser destinados a uso ciudadano, así como quién costea el traslado, cifrado en 400 millones de euros.


Cospedal ha manifestado este compromiso durante su respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a una pregunta del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que le ha pedido que aclare si se va a recuperar la Base de la Armada para uso civil, como hace un año aprobó por unanimidad la Comisión de Defensa, informa la agencia Efe.


Tras puntualizar que el Ejecutivo lleva apenas cinco meses funcionando, la ministra ha asegurado que el Gobierno comparte el texto de esa proposición, pero ha subrayado que también hay que contestar a la famosa pregunta atribuida al escritor Josep Pla: "Esto, ¿quién lo paga?".


Ha recordado que la valoración inicial del cambio de ubicación asciende a 400 millones de euros y "esa cuestión también hay que tenerla en cuenta", ha incidido Cospedal, que ha confiado en que se pueda llegar a "alguna solución de compromiso entre todos".


Uso portuario


También ha señalado que esta Base Naval es una de las cuatro más importantes de la Armada por su ubicación estratégica, por lo que si es trasladada debe ser a una zona con los mismos requisitos de carácter logístico y operativo que la actual como, según ha dicho, figura en la proposición no de ley aprobada el 17 de marzo de 2016. Además, ha precisado que los terrenos actuales no serían estrictamente de uso ciudadano, sino que "la inmensa mayoría de ellos irían destinados a la zona portuaria". "Hay que poner en su justa medida exactamente para qué se destinarían", ha subrayado la ministra.


El diputado de Nueva Canarias ha criticado que, justo cuando se cumple el aniversario de la aprobación de la proposición no de ley, el Ministerio haya sacado una orden para hacer obras en la Base Naval para residencia de oficiales y suboficiales.


"No tenemos nada en contra de las residencias de los oficiales y suboficiales, pero ¿no le parece contradictorio que en vez de poner en marcha la comisión, lo que pongamos en marcha sean las obras para continuar desarrollando actividades de la misma naturaleza", ha preguntado.


Ha recordado que los terrenos llevan 77 años ocupados "irregularmente" para uso militar, desde que en 1940 se estableció en ellos una Base de hidroaviones y de las fuerzas navales.


Según el parlamentario, que también es segundo teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, este espacio es "absolutamente central" para el desarrollo de la ciudad.


Por ello, ha señalado que su sociedad e instituciones llevan años solicitando su uso ciudadano, porque es "lo justo, lógico y razonable".


Y, después de insistir en la necesidad de desbloquear la situación, ha advertido de que el Ministerio no puede pretender que sean las instituciones canarias las que busquen la solución y que, además, sea gratis.

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