El Gobierno canario autoriza la permuta de una parcela en Arinaga por dos edificios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

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ARINAGA 1


El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de hoy la permuta de una parcela situada en la Zona Franca del Puerto de Arinaga en la isla de Gran Canaria, propiedad de la Comunidad Autónoma, por dos edificios propiedad del Estado y gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ubicados en la calle Veintidós de Mayo de 1986 de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.



El valor de la parcela de la Comunidad Autómoma, que tiene una superficie de 15.201 m² y no se encuentra afectada a ningún uso ni servicio público, ni se prevé que ello pueda ser necesario en un futuro, es de 3.298.336 euros, mientras que el de los dos edificios de la Autoridad Portuaria es de 3.299.960 euros.


El objeto de la permuta es incorporar al patrimonio de la Comunidad Autónoma un inmueble, compuesto por dos edificios, en la capital grancanaria. Uno de ellos está actualmente ocupado en régimen de arrendamiento por el Servicio Canario de Empleo (SCE) para dependencias del Centro Nacional Ocupacional, por el que se abona una renta mensual de 6.432 euros. Y en el otro está previsto llevarse a cabo la ampliación de las instalaciones para actividades de formación de dicho centro. La adquisión de estos dos edificios por parte de la Comunidad Autónoma implica que desaparezca el régimen de arrendamiento con el consiguiente ahorro del pago de su renta.


Por su parte, la Autoridad Portuaria de Las Palmas está interesada en la adquisión de la parcela propiedad de la Comunidad Autónoma a fin de incorporarla también a su patrimonio y, una vez agregada a otra suya colindante, completar el trámite que actualmente realiza para una concesión de dominio público portuario en la Zona Franca del Puerto de Arinaga, con el fin de promover la actividad económica en dicho puerto. Según la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, la permuta acordada supone una mejora manifiesta en la gestión y administración de los bienes de ambas administraciones públicas.

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