El Mapama expone en el Parlamento Europeo el liderazgo de España en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada

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Afirma que resulta imprescindible contar, junto con un fuerte compromiso político y una sólida cooperación internacional, con un marco jurídico sólido y riguroso así como sistema de inspección y control pesquera de primera línea.

Recuerda que España abordó, ya en el año 2014, una importante reforma de la ley de pesca, para que la administración pudiera exigir responsabilidades sobre todos sus nacionales.

Celebra los avances conseguidos en el marco jurídico internacional para luchar contra la pesca ilegal.

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La directora general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel Artime, ha subrayado que la lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDR), es una de las principales prioridades en materia de pesca para España. Esta actividad, ha puntualizado, se ha convertido en una de las mayores amenazas a la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina, pero además supone una enorme discriminación para la mayoría de pescadores que proceden responsable y honradamente y en respeto de las condiciones de sus autorizaciones de pesca.


Artime, que ha participado el pasado jueves en Bruselas en la Conferencia “Lucha contra la delincuencia transnacional organizada en la industria pesquera: desafíos globales y cooperación internacional” que se ha celebrado en el Parlamento Europeo, ha compartido la experiencia de España en la lucha contra esta lacra, y ha destacado que resulta imprescindible contar junto con un fuerte compromiso político y una sólida cooperación internacional, con un marco jurídico sólido y riguroso así como con un sistema de inspección y control pesquera de primera línea.


Tal como ha recordado la directora general, España abordó, ya en el año 2014, una importante reforma de la ley de pesca, para que la administración pudiera exigir responsabilidades sobre todos sus nacionales. Esta mejora del marco legislativo, junto con el reforzamiento de las competencias de los servicios de inspección, permitió que a lo largo de los años 2015 y 2016, se llevasen a cabo investigaciones junto a autoridades de la Unión Europea, INTERPOL y de terceros estados.


Como fruto de aquel esfuerzo, Artime ha explicado que se descubrió la existencia de diversos entramados empresariales, dirigidos a ocultar la propiedad, gestión y explotación de numerosos buques identificados por participar en actividades de pesca INDNR. Aquellas actuaciones de la Inspección Pesquera, “Operaciones Sparrow”, ha señalado, han derivado en la imposición de sanciones económicas en vía administrativa de más de 24 millones de euros. Actualmente, se tramita un nuevo procedimiento sancionador contra los nacionales implicados en las actividades de los buques Tchaw y Thunder.


En base a los éxitos cosechados, ha afirmado que la vía administrativa puede ser extremadamente útil, al permitir una mayor capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes de la actividad económica que se regula, además de proporcionar una mayor agilidad y celeridad de respuesta ante las necesidades que plantea la realidad de la pesca INDNR. En todo caso ha indicado que la vía penal sigue siendo la opción más indicada para los supuestos más graves o en aquellos países donde la vía administrativa es más limitada.


Finalmente ha celebrado los avances conseguidos en el marco jurídico internacional para luchar contra la pesca ilegal. Para seguir avanzando en la lucha contra la pesca INDR, ha concluido la directora general, es imprescindible que toda la comunidad internacional adopte y ratifique estos instrumentos y que todos los Estados transpongan al ámbito nacional estas medidas.


La Conferencia sobre la lucha contra la delincuencia transnacional organizada en la industria pesquera, convocada a iniciativa de los europarlamentarios Ricardo Serrão Santos y Alain Cadec, Presidente del Grupo de Pesca, ha contado con representantes de distintos organismos internacionales comprometidos con esta cuestión como son INTERPOL o la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) así como con representantes de la Comisión Europea, y países como España, Portugal y Estados Unidos.

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