El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado el compromiso de España para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. "Es una prioridad de este Gobierno y defendemos la tolerancia cero frente a este problema".
La OMI ha celebrado el primero de una nueva serie de seminarios web regionales que abarcó aspectos técnicos, las enseñanzas extraídas de la ratificación, la identificación de cuestiones relacionadas con la ratificación del Acuerdo de Ciudad del Cabo sobre la seguridad de los buques pesqueros y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Mediante el contrato ahora firmado, Satlink desplegará su sistema de supervisión y certificación electrónica, denominado SeaTube en nueve barcos palangreros dedicados a la pesca de atún tropical.
La flota solicita la ratificación del Acuerdo de Ciudad del Cabo en la Conferencia Ministerial sobre esta materia que la OMI celebra en Torremolinos.
Alerta de que la eliminación de la exención fiscal al combustible crearía desequilibrios interterritoriales, incrementaría los precios de los productos pesqueros e impactaría en la rentabilidad de la flota, especialmente de la artesanal.
El ministro Luis Planas defiende la lucha contra la pesca ilegal como una prioridad estratégica del Gobierno de España. España ha podido detectar operaciones de pesca ilegal muy complejas y a gran escala, que se han traducido en sanciones económicas para los infractores e inhabilitación para la actividad pesquera.
El ministro ha asegurado que la sostenibilidad de la pesca en el Mediterráneo solo se puede lograr a través de la cooperación entre todas las partes involucradas. Para España, es prioritario conseguir un medio marino y recursos pesqueros sostenibles, con el fin de asegurar el futuro del sector y de los habitantes de las zonas costeras.
Los inspectores levantaron acta de denuncia por marisquero en día no permitido y por la captura de más del doble de la cantidad máxima autorizada a pescadores recreativos.
El Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Juan Ignacio Gandarias Serrano, enumeró los retos comunitarios y nacionales para el sector pesquero, durante su intervención en el último Desayuno con el Clúster.
El convenio va a permitir coordinar y asegurar la conservación y la utilización sostenible de las poblaciones de peces traszonales y reforzar la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. También establece un marco de colaboración para la promoción e impulso del intercambio tecnológico en la producción y comercialización de productos acuícolas.
Hasta la fecha, diez países han ratificado el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, pero necesita ser ratificado por 22 para su entrada en vigor, con un número total de 3.600 buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros que operen en alta mar.
La FAO destaca Vigo como ejemplo de transparencia y de buenas prácticas en la lucha contra la pesca ilegal. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha designado al Puerto de Vigo como núcleo de formación regional en materia de pesca ilegal, no regulada y no reglamentada. Una docena de inspectores procedentes de Ecuador, Costa Rica, Panamá y Perú serán formados en Vigo por inspectores de la Xunta de Galicia, la Secretaría General de Pesca y expertos de la FAO y la Comisión Europea.
Se estima que la pesca INDNR afecta a uno de cada cinco peces capturados, con un coste anual de hasta 23 000 millones de dólares. Más países se comprometen a bloquear los barcos que transportan capturas ilegales.
Se imponen sanciones económicas por un importe total de 8.261.001 euros, así como inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas.
Se ha detenido a 10 personas de nacionalidades española, china y marroquí por los delitos de Contrabando y Pertenencia a Grupo Criminal.
Inspectores de la Secretaría General de Pesca asesorarán a los patrulleros de vigilancia pesquera operados por la Armada en temas relativos a la inspección y vigilancia pesquera. El Plan suscrito hoy deriva del Acuerdo Conjunto de ambos Ministerios sobre inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima de 1988.
Afirma que resulta imprescindible contar, junto con un fuerte compromiso político y una sólida cooperación internacional, con un marco jurídico sólido y riguroso así como sistema de inspección y control pesquera de primera línea. Recuerda que España abordó, ya en el año 2014, una importante reforma de la ley de pesca, para que la administración pudiera exigir responsabilidades sobre todos sus nacionales.
Este Plan abarca tanto las aguas de soberanía o jurisdicción española, del Atlántico, Mediterráneo noroccidental, y Mar de Alborán, como de aguas comunitarias de otros Estados miembros y aguas internacionales.
Con esta operación, España continúa la lucha contra la pesca ilegal, incrementando los controles sobre los productos pesqueros destinados a la importación.
Afecta a 9 personas físicas y 3 jurídicas, todas de nacionalidad española, por su participación en la propiedad, gestión y explotación de estos buques.