Fedeport solicita al ayuntamiento de la capital grancanaria la reducción del IBI para mitigar los efectos del COVID-19

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JoseJuanRamosFedeport

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El presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias ha remitido un escrito al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria un escrito reiterando la solicitud urgente de las empresas portuarias de una reducción del IBI portuario como medida urgente para aliviar la caida de la actividad de las empresas de uno de los sectores que más generan empleo en la ciudad y en el puerto.

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El presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, José Juan Ramos, ha remitido un escrito al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, reiterando la solicitud urgente de las empresas portuarias de una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Empresas Concesionarias del Puerto de Las Palmas, el denominado IBI portuario, a fin de mitigar los efectos adversos sobre la actividad económica portuaria derivada de las crisis sanitaria generada por el Covid-19, como medida urgente para aliviar la caida de actividad de las empresas de uno de los sectores que más generan empleo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Puerto.


A través de una carta, registrada en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este jueves, Ramos se dirige al alcalde en "mi condición de Presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT), que representa a los sectores más relevantes con presencia en los puertos de interés general y titularidad estatal administrados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hecho reconocido por el Gobierno de Canarias desde 2013, y en nombre de las empresas y asociaciones que la integran".


El motivo, relata el escrito presentado por la patronal portuaria "no es otro que el de reiterarle la preocupación de las empresas portuarias ante la elevada tributación a la que hacen frente en concepto del Impuesto para Bienes Inmuebles de Características Especiales definidos en el artículo 2o.7 de la Ley 48/2.002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, cuyo tipo de gravamen se encuentra fijado en el máximo legal del 1,30%, de acuerdo con la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria".


El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, fija el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, en el 0,60 por ciento, pudiendo cada ayuntamiento establecer tipos diferenciados que, en ningún caso, será inferior al 0,40 por ciento ni superior al 1,30 por ciento.


Hasta el año 2009 el tipo de gravamen establecido por el Ayuntamiento de Las Palmas era el 0,60 por ciento, el mismo tipo recomendado con carácter general por la LRHL, pero el gobierno municipal de ese momento adoptó el acuerdo plenario de elevarlo hasta el máximo legal, actualmente vigente, del 1,30 por ciento. Un incremento del 116% de la cuota tributaria que venían abonando las empresas concesionarias hasta ese año. Según Fedeport, "El impacto se vió agravado porque tal incremento se adoptó y aplicó en los peores años de la crisis económica por todos padecida, y se continúa aplicando en la actual crisis sanitaria del COVID – 19 que repercutirá gravemente a la economía y por tanto en la generación de empleo".


En su anterior carta al ayuntamiento, la Federación exponía que la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales somete a tributación los bienes de dominio público como bienes de características especiales declarando sujetos pasivos a los concesionarios cuando están otorgados en régimen de concesión administrativa. Sin embargo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria -a diferencia de otros Ayuntamientos de ciudades portuarias-, el Ayuntamiento capitalino no presta servicios municipales, prácticamente, dentro del recinto portuario, a pesar de que ninguna duda cabe respecto del hecho de que la zona de servicio del Puerto de Las Palmas (con exclusión de Arinaga y Salinetas) forman parte del términio municipal de la ciudad de Las Palmas de Gtan Canaria, circunstancia que no impide la liquidación, gestión y recaudación del IBI no solo a las empresas concesionarias sino también e igualmente a la Autoridad Portuaria por aquellos bienes no otorgados en concesión administrativa.


Fedeport argumenta que "Las circunstancias actuales requieren de una urgente atenuación de la carga recaudatoria que gravita sobre las empresas portuarias teniendo en cuenta que los costes asociados a los servicios que se prestan en el Puerto son sufragados por la Autoridad Portuaria y no por la Corporación municipal. El apoyo a las empresas portuarias en este momento es crucial para mantener uno de los sectores que genera más empleo en esta Ciudad".


"Rechazamos que de contrario se argumente que el IBI es un impuesto, y no una tasa, y que los impuestos a diferencia de las tasas se exigen por los entes públicos sin que exista una correlativa contraprestación, pues tenemos que decir que la Ley se refiere a una contraprestación “directa” pues todos los tributos, y los impuestos entre ellos, están ordenados a servir para financiar la prestación de aquellos servicios a todos los ciudadanos y empresas del términio municipal, y cuanto esto no ocurre como en este caso en que muchos servicios municipales, como manifestábamos anteriormente, son prestados y financiados por el Ministerio de Fomento a través del Ente Público Autoridad Portuaria de Las Palmas, se hace preciso modular la carga impositiva en justa reciprocidad al ahorro que al Ayuntamiento supone el que esos servicios se presten por otra Administración Pública", sentencia el presidente de la patronal portuaria.


Ramos argumenta en su escrito que "El Ayuntamiento de Barcelona tiene establecido un tipo impositivo del 0,682%, por poner un ejemplo de ciudad y puerto importante, estando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la cabeza de toda España en lo que se refiere a la presión tributaria por el concepto de IBI sobre las empresas concesionarias del dominio público portuario".


"Además del abusivo tipo de gravamen establecido por el Ayuntamiento en 2009, debemos de considerar que, también e igualmente, contribuye a la excesiva presión fiscal el alto precio de los terrenos de la zona portuaria según los valores aprobados por la Dirección General del Catastro dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio del mismo nombre", apunta el escrito remitido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.


El presidente Ramos solicita al mandatario capitalino que "haga suya la demanda de las empresas portuarias -que llevan reivindicando más de 10 años- en una doble dirección: en primer lugar, que promueva una modificación con la rebaja del tipo de gravamen hasta el 0,40 por ciento, mínimo legal; y en segundo lugar, promueva una disminución de los valores catastrales de los terrenos y edificaciones del puerto de Las Palmas en consonancia con las medidas adoptadas por el Ministerio de Fomento en 2014 y la propuesta del Sr. Presidente de la APLPA".

Fedeport solicita al ayuntamiento de la capital grancanaria la reducción del IBI para mitigar los efectos del COVID-19

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El presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias ha remitido un escrito al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria un escrito reiterando la solicitud urgente de las empresas portuarias de una reducción del IBI portuario como medida urgente para aliviar la caida de la actividad de las empresas de uno de los sectores que más generan empleo en la ciudad y en el puerto.

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El presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, José Juan Ramos, ha remitido un escrito al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, reiterando la solicitud urgente de las empresas portuarias de una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Empresas Concesionarias del Puerto de Las Palmas, el denominado IBI portuario, a fin de mitigar los efectos adversos sobre la actividad económica portuaria derivada de las crisis sanitaria generada por el Covid-19, como medida urgente para aliviar la caida de actividad de las empresas de uno de los sectores que más generan empleo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Puerto.


A través de una carta, registrada en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este jueves, Ramos se dirige al alcalde en "mi condición de Presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT), que representa a los sectores más relevantes con presencia en los puertos de interés general y titularidad estatal administrados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hecho reconocido por el Gobierno de Canarias desde 2013, y en nombre de las empresas y asociaciones que la integran".


El motivo, relata el escrito presentado por la patronal portuaria "no es otro que el de reiterarle la preocupación de las empresas portuarias ante la elevada tributación a la que hacen frente en concepto del Impuesto para Bienes Inmuebles de Características Especiales definidos en el artículo 2o.7 de la Ley 48/2.002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, cuyo tipo de gravamen se encuentra fijado en el máximo legal del 1,30%, de acuerdo con la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria".


El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, fija el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, en el 0,60 por ciento, pudiendo cada ayuntamiento establecer tipos diferenciados que, en ningún caso, será inferior al 0,40 por ciento ni superior al 1,30 por ciento.


Hasta el año 2009 el tipo de gravamen establecido por el Ayuntamiento de Las Palmas era el 0,60 por ciento, el mismo tipo recomendado con carácter general por la LRHL, pero el gobierno municipal de ese momento adoptó el acuerdo plenario de elevarlo hasta el máximo legal, actualmente vigente, del 1,30 por ciento. Un incremento del 116% de la cuota tributaria que venían abonando las empresas concesionarias hasta ese año. Según Fedeport, "El impacto se vió agravado porque tal incremento se adoptó y aplicó en los peores años de la crisis económica por todos padecida, y se continúa aplicando en la actual crisis sanitaria del COVID – 19 que repercutirá gravemente a la economía y por tanto en la generación de empleo".


En su anterior carta al ayuntamiento, la Federación exponía que la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales somete a tributación los bienes de dominio público como bienes de características especiales declarando sujetos pasivos a los concesionarios cuando están otorgados en régimen de concesión administrativa. Sin embargo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria -a diferencia de otros Ayuntamientos de ciudades portuarias-, el Ayuntamiento capitalino no presta servicios municipales, prácticamente, dentro del recinto portuario, a pesar de que ninguna duda cabe respecto del hecho de que la zona de servicio del Puerto de Las Palmas (con exclusión de Arinaga y Salinetas) forman parte del términio municipal de la ciudad de Las Palmas de Gtan Canaria, circunstancia que no impide la liquidación, gestión y recaudación del IBI no solo a las empresas concesionarias sino también e igualmente a la Autoridad Portuaria por aquellos bienes no otorgados en concesión administrativa.


Fedeport argumenta que "Las circunstancias actuales requieren de una urgente atenuación de la carga recaudatoria que gravita sobre las empresas portuarias teniendo en cuenta que los costes asociados a los servicios que se prestan en el Puerto son sufragados por la Autoridad Portuaria y no por la Corporación municipal. El apoyo a las empresas portuarias en este momento es crucial para mantener uno de los sectores que genera más empleo en esta Ciudad".


"Rechazamos que de contrario se argumente que el IBI es un impuesto, y no una tasa, y que los impuestos a diferencia de las tasas se exigen por los entes públicos sin que exista una correlativa contraprestación, pues tenemos que decir que la Ley se refiere a una contraprestación “directa” pues todos los tributos, y los impuestos entre ellos, están ordenados a servir para financiar la prestación de aquellos servicios a todos los ciudadanos y empresas del términio municipal, y cuanto esto no ocurre como en este caso en que muchos servicios municipales, como manifestábamos anteriormente, son prestados y financiados por el Ministerio de Fomento a través del Ente Público Autoridad Portuaria de Las Palmas, se hace preciso modular la carga impositiva en justa reciprocidad al ahorro que al Ayuntamiento supone el que esos servicios se presten por otra Administración Pública", sentencia el presidente de la patronal portuaria.


Ramos argumenta en su escrito que "El Ayuntamiento de Barcelona tiene establecido un tipo impositivo del 0,682%, por poner un ejemplo de ciudad y puerto importante, estando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la cabeza de toda España en lo que se refiere a la presión tributaria por el concepto de IBI sobre las empresas concesionarias del dominio público portuario".


"Además del abusivo tipo de gravamen establecido por el Ayuntamiento en 2009, debemos de considerar que, también e igualmente, contribuye a la excesiva presión fiscal el alto precio de los terrenos de la zona portuaria según los valores aprobados por la Dirección General del Catastro dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio del mismo nombre", apunta el escrito remitido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.


El presidente Ramos solicita al mandatario capitalino que "haga suya la demanda de las empresas portuarias -que llevan reivindicando más de 10 años- en una doble dirección: en primer lugar, que promueva una modificación con la rebaja del tipo de gravamen hasta el 0,40 por ciento, mínimo legal; y en segundo lugar, promueva una disminución de los valores catastrales de los terrenos y edificaciones del puerto de Las Palmas en consonancia con las medidas adoptadas por el Ministerio de Fomento en 2014 y la propuesta del Sr. Presidente de la APLPA".

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Por Manuel Marrero @manolomarrerom

Diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias

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