¿El final de las plataformas?

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A1

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La nueva legislación estadounidense promovida por la fuerza demócrata para bloquear la perforación petrolera en sus aguas, incluida la zona de Alaska, avanza tras la última aprobación por parte del Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Se han rechazado los cambios propuestos por el bloque republicano, que pretendían una mayor actividad extractiva en el futuro proyecto de Ley. En contraposición, se pretenden inversiones millonarias destinadas a acciones ambientales, la resiliencia climática y lucha contra la sequía.


De aprobarse íntegramente la ley tal y como se plantea, se prohibirán nuevas concesiones de perforación para la búsqueda de petróleo y gas en aguas del Pacífico, Atlántico, Golfo de México, Refugio Nacional del Ártico y en la región del noreste de Alaska. Las cuotas por uso de oleoductos en alta mar, se elevarán a razón de 10.000 dólares por milla. Asimismo, se cerraría la actividad en algunos yacimientos contaminantes como las minas de Uranio o las de Rio Tinto.


Estas acciones afectarían obviamente y de manera significativa a la actividad de las plataformas y a toda la industria marítima asociada, reduciendo su actividad de manera considerable, de momento en territorio norteamericano.


Por parte del sector petrolero y de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas se reclama sin embargo el reinicio de las concesiones de explotación, cuyas subastas habrían sufrido retrasos en los últimos meses promovidas por la administración. El Servicio Geológico Nacional imputa el 24% de las emisiones y los crecientes impactos climáticos a la extracción de petróleo, gas y carbón. Esta controversia está llevando a una revisión profunda de las condiciones ambientales y cánones a satisfacer por parte de las explotaciones de extracción.


A2


El programa ambiental del presidente Biden incluye una reducción de los gases de efecto invernadero a la mitad en 2030 y el cero de emisiones en 2050. Se persigue el ejemplo de otro líder demócrata, las acciones de la administración Obama, que fue capaz de detener los derechos mineros del carbón en 2016.


Sin embargo, la judicialización de las actividades ha puesto bajo presión a la administración Biden para que levante las moratorias. Mas de una docena de grupos comerciales liderados por el American Petroleum Institute, han presentado nuevas demandas contra la suspensión de las concesiones mineras.


El Departamento del Interior del gobierno Biden ha impugnado la decisión judicial, por ser una pieza crítica de su programa político de cambio climático. Pero eso no impedirá otorgar autorizaciones durante el proceso de apelación. Interior busca revocar la decisión judicial de Louisiana que, junto a otra docena de estados, han demandado a la administración del estado por las pérdidas que les ha causado la moratoria impuesta por el gobierno.


Estas cuestiones han sido objeto de numerosos informes críticos durante décadas por parte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), la Oficina del Inspector General del Interior (OIG), los Comités del Congreso y otros organismos independientes.


De hecho, el programa federal de petróleo y gas ha estado en la "Lista de Alto Riesgo" de la GAO durante más de una década, que señala programas y operaciones que necesitan transformación". GAO ha publicado frecuentemente informes, que describen serias inquietudes con los programas de arrendamiento de petróleo y gas, tanto en tierra, como en el mar y por ello el Departamento de Interior llevará a cabo un análisis programático para abordar todos aquellos cambios que sean necesarios, para cumplir con la política medioambiental de la administración Biden y así reducir las emisiones nocivas en los plazos previstos.


A3


El Acuerdo de París establece el objetivo de poner fin a la era de los combustibles fósiles en la segunda mitad de este siglo. La explotación del Ártico supuso siempre una línea roja infranqueable en el acuerdo de París, a pesar de que el calentamiento global ha facilitado mucho su accesibilidad. La postura del actual gobierno americano es favorable a la preservación ártica.


Con respecto a las compañías de perforación, se está incrementando la venta y desguace de unidades, lo que reducirá la actividad del sector en el corto plazo, para dar paso al uso de energías más limpias que sustituyan a las de procedencia fósil.


De seguir esta tendencia, las compañías de perforación tendrán que reinventarse, desguazar unidades o reutilizarlas en otros sectores ahora en auge como la energía geotérmica y amortizar sus medios marítimos en proyectos relacionados con la economía azul. No lleguemos tarde al futuro.

¿El final de las plataformas?

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La nueva legislación estadounidense promovida por la fuerza demócrata para bloquear la perforación petrolera en sus aguas, incluida la zona de Alaska, avanza tras la última aprobación por parte del Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Se han rechazado los cambios propuestos por el bloque republicano, que pretendían una mayor actividad extractiva en el futuro proyecto de Ley. En contraposición, se pretenden inversiones millonarias destinadas a acciones ambientales, la resiliencia climática y lucha contra la sequía.


De aprobarse íntegramente la ley tal y como se plantea, se prohibirán nuevas concesiones de perforación para la búsqueda de petróleo y gas en aguas del Pacífico, Atlántico, Golfo de México, Refugio Nacional del Ártico y en la región del noreste de Alaska. Las cuotas por uso de oleoductos en alta mar, se elevarán a razón de 10.000 dólares por milla. Asimismo, se cerraría la actividad en algunos yacimientos contaminantes como las minas de Uranio o las de Rio Tinto.


Estas acciones afectarían obviamente y de manera significativa a la actividad de las plataformas y a toda la industria marítima asociada, reduciendo su actividad de manera considerable, de momento en territorio norteamericano.


Por parte del sector petrolero y de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas se reclama sin embargo el reinicio de las concesiones de explotación, cuyas subastas habrían sufrido retrasos en los últimos meses promovidas por la administración. El Servicio Geológico Nacional imputa el 24% de las emisiones y los crecientes impactos climáticos a la extracción de petróleo, gas y carbón. Esta controversia está llevando a una revisión profunda de las condiciones ambientales y cánones a satisfacer por parte de las explotaciones de extracción.


A2


El programa ambiental del presidente Biden incluye una reducción de los gases de efecto invernadero a la mitad en 2030 y el cero de emisiones en 2050. Se persigue el ejemplo de otro líder demócrata, las acciones de la administración Obama, que fue capaz de detener los derechos mineros del carbón en 2016.


Sin embargo, la judicialización de las actividades ha puesto bajo presión a la administración Biden para que levante las moratorias. Mas de una docena de grupos comerciales liderados por el American Petroleum Institute, han presentado nuevas demandas contra la suspensión de las concesiones mineras.


El Departamento del Interior del gobierno Biden ha impugnado la decisión judicial, por ser una pieza crítica de su programa político de cambio climático. Pero eso no impedirá otorgar autorizaciones durante el proceso de apelación. Interior busca revocar la decisión judicial de Louisiana que, junto a otra docena de estados, han demandado a la administración del estado por las pérdidas que les ha causado la moratoria impuesta por el gobierno.


Estas cuestiones han sido objeto de numerosos informes críticos durante décadas por parte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), la Oficina del Inspector General del Interior (OIG), los Comités del Congreso y otros organismos independientes.


De hecho, el programa federal de petróleo y gas ha estado en la "Lista de Alto Riesgo" de la GAO durante más de una década, que señala programas y operaciones que necesitan transformación". GAO ha publicado frecuentemente informes, que describen serias inquietudes con los programas de arrendamiento de petróleo y gas, tanto en tierra, como en el mar y por ello el Departamento de Interior llevará a cabo un análisis programático para abordar todos aquellos cambios que sean necesarios, para cumplir con la política medioambiental de la administración Biden y así reducir las emisiones nocivas en los plazos previstos.


A3


El Acuerdo de París establece el objetivo de poner fin a la era de los combustibles fósiles en la segunda mitad de este siglo. La explotación del Ártico supuso siempre una línea roja infranqueable en el acuerdo de París, a pesar de que el calentamiento global ha facilitado mucho su accesibilidad. La postura del actual gobierno americano es favorable a la preservación ártica.


Con respecto a las compañías de perforación, se está incrementando la venta y desguace de unidades, lo que reducirá la actividad del sector en el corto plazo, para dar paso al uso de energías más limpias que sustituyan a las de procedencia fósil.


De seguir esta tendencia, las compañías de perforación tendrán que reinventarse, desguazar unidades o reutilizarlas en otros sectores ahora en auge como la energía geotérmica y amortizar sus medios marítimos en proyectos relacionados con la economía azul. No lleguemos tarde al futuro.

1 Comentarios

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Habrá que impulsar la energía eólica marina

escrito por Erdoro 13/sep/21    18:32

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