La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) ha iniciado los trámites para repatriar a los nueve tripulantes del carguero Marin, con bandera de la República Democrática del Congo, abandonado por su armador en el puerto de Las Palmas desde el 8 de junio.

El inspector de ITF en Canarias, Gonzalo Galán, ha dicho que los tripulantes del buque habían contactado con su federación para solicitar asistencia y denunciar que no habían recibido los salarios durante los últimos cinco meses, con lo que se les adeuda unos 170.000 dólares (152.400 euros).

Según Galán, los problemas de la tripulación, compuesta por cuatro marineros croatas, otros tantos ucranianos y un montenegrino, se agravaron este 8 de junio, cuando tuvieron que emitir una señal de socorro a Salvamento Marítimo, ya que se encontraban sin apenas combustible y carecían de provisiones de alimentos y agua.

El buque fue llevado al puerto de La Luz, donde los nueve tripulantes han visto satisfechas sus necesidades básicas gracias a la coordinación de la ITF con la asociación Stella Maris y el apoyo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Gonzalo Galán ha especificado que los contactos con el armador han resultado hasta la fecha "infructuosos", pues no ha asignado consignataria ni se ha responsabilizado de cubrir las más mínimas necesidades de sus tripulantes.

"La situación es insólita y surrealista porque el barco tiene valor y, además, está cargado con cascarilla de arroz, que entre otros usos tiene el de pienso para animales", ha especificado. Por este motivo, el pasado día 12, el buque fue detenido por la Capitanía Marítima de Las Palmas al incumplir el Convenio del Trabajo Marítimo del 2006 de la Organización Internacional del Trabajo, tras la reclamación salarial presentada por sus navegantes y su evidente situación de abandono.

Al considerar al barco en situación de abandono, la ITF ha iniciado los trámites correspondientes de embargo del buque para, con su posterior venta, recuperar los salarios adeudados de los marinos y organizar su repatriación.

Galán ha puntualizado que la última reforma de la navegación marítima de España deja en cierta "indefensión" a las tripulaciones que quieran litigar para que se pueda vender un barco en subasta pública, ya que deben aportar el 15 por ciento del valor de la demanda, un dinero del que ahora mismo carecen.

Por ese motivo, los servicios jurídicos de la ITF trabajan para que el juez que atienda la demanda de la tripulación del Marin solicite solo "una cantidad simbólica".

"Este proceso puede durar unos dos años, pero tanto la ITF como las embajadas de estos navegantes trabajaremos para que puedan regresar a sus casas lo antes posible", ha concluido Galán.